Un nuevo round en la batalla por cuidar los cerros orientales en Bogotá, se vivió a inicios de este mes, con la negación por parte de la licencia para construir en una franja de 973 hectáreas en cerca de 50 proyectos de propiedad horizontal.
La disputa en la cual están inmersos el gremio de los constructores (Camacol) y el alcalde Gustavo Petro puso en evidencia el incierto futuro de los pulmones de la ciudad, que han sufrido incursiones por parte de constructoras que han realizado proyectos de viviendas en estos lugares.
Si bien se pensaba que a raíz del fallo del Consejo de Estado la resolución estaba lista, aún quedan serias dudas en sectores específicos donde las constructoras quieren desarrollar apartamentos nuevos en estos sectores de Bogotá como respuesta a la falta de espacio en donde construir y su privilegiada ubicación.
Cada quien defiende los suyo
Con puntos de vista tangencialmente disimiles, las constructores argumentan que las licencias para construir en estos lugares datan de antes 1977, cuando el mencionado lugar no estaba contemplado como una reserva y donde se ha construido ilegal y legalmente desde los años 90.
El distrito encabezado por su burgomaestre ha declarado que construir en estos lugares no solo es un detrimento a la calidad de aire de ciudad, atentando contra los habitantes mientras se urbanizan los cerros, sino que fue más allá al afirmar que hasta que no se conozca el estado de las licencias no se pondrá ni un ladrillo.
Colectivos como amigos de la montaña y ambientalistas han sumado su voz de protesta afirmando enfáticamente que no se puede poner precio al aire o al agua por satisfacer las necesidades de unos pocos. Así mismo, no se puede olvidar que en Bogotá aún se ofrecen lugares como la venta de apartamentos usados, una opción a tener en cuenta.
La batalla aún esta abierta y de seguro todavía quedan más enfrentamientos, para saber que sucederá con este lugar de vital importancia para el resto de los 8 millones de habitantes de la ciudad, recordando la premisa básica sustentada en el artículo 58 de la constitución nacional “el bien privado no puede afectar al publico”.
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